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El Consejo Presidencial para el SIDA –COPRESIDA- es el organismo coordinador de las respuestas, de prevención y atención al VIH y el SIDA, específicamente su función es dictar las políticas y lineamientos estratégicos que orientan los planes y programas nacionales para la prevención y el control de las ITS, el VIH y el SIDA. Esta formado por diferentes secretarias o ministerios y representantes de la sociedad civil.
La transmisión del VIH en la República Dominicana es fundamentalmente por vía sexual. Se estima que el sub-registro de los casos de VIH anda por entre el 70% y 80%, lo cual representa un desafío para el sistema de notificación. Los resultados de la Encuesta Demografica y de Saldu 2007, dio como resultado una prevalencia de 0.8%, es decir con respecto al 2002 ha bajado (en ese año fue de 1.2%). La epidemia parece estar creciendo entre las mujeres, por ello la razón hombre/mujer se ha ido reduciendo y actualmente se estima en 1.6:1. La coinfección VIH/TB es un problema emergente, estimándose que la TB es la infección oportunista más frecuente entre las Personas que Viven con VIH y/o SIDA, llegando a un 12%.
El país cuenta con un marco legal con leyes asociadas directamente a la temática: la Ley 55-93 de SIDA, el Decreto 32-01 que crea el COPRESIDA y leyes relacionadas de manera indirecta con la epidemia; Ley 42-01 o Ley General de Salud y la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. No obstante es necesario establecer la forma cómo la reorganización del sector salud que proponen estas leyes impactará en las personas que viven con VIH y en la forma de prestación de servicios de prevención y atención. Por ejemplo, se desconoce aún si la atención a las personas que viven con VIH y/o SIDA la ofertarán las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) a través de las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) o si esta atención la brindará el Estado a través de algún otro mecanismo. De igual modo no hay claridad de cómo se articulará la propuesta de establecer un Plan Básico de Salud a través de la Seguridad Social, dado que los reglamentos de aplicación excluyen de manera expresa los medicamentos antiretrovirales (ARV). Tampoco queda suficientemente claro quien financiará las Consejerias Pre-Pruebas y Post-Prueba de testeo del VIH.
El país posee recursos financieros y humanos que permiten programar una respuesta de impacto. Entre otros el Fondo Mundial para la lucha contra la Tuberculosis, Malaria y SIDA ha aportado US$ 48 millones aproximadamente y el Banco Mundial financia US$ 25 millones para el mismo fin. Adicionalmente el país responde a los Objetivos del Milenio, UNGASS, la Iniciativa de Acceso Acelerado, los Tres Unos y otras iniciativas internacionales que orientan la respuesta frente a las ITS, el VIH y el SIDA.
Al analizar la respuesta ante las ITS, el VIH y el SIDA se consideran tres áreas estratégicas: Las Políticas Nacionales, Planificación y Movilización Social; Servicios para la Atención Integral de las ITS, el VIH y el SIDA, donde se considera el binomio indisoluble de al prevención y la atención, y por último los Sistemas de Información, Vigilancia Epidemiológica, Monitoreo y Evaluación para la toma de decisiones.
Poblaciones Priorizadas
Personas Viviendo con VIH y/o SIDA y afectados
Jóvenes
Mujeres
Hombres Gay, Trans, y otros Hombres que tienen o sexo con Hombres.
Habitantes en bateyes
Trabajadoras y trabajadores sexuales
Migrantes, con énfasis en la población haitiana
Niños, niñas y adolescentes
Personas Privadas de su libertad
Personas con discapacidad
Usuarios de drogas
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